SOLO A AÑADIR A ESTE ARTICULO ANTES DE EMPEZAR QUE EL INDICE DE FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA QUE NO VIENE MENCIONADA EN ESTE ARTICULO ES DEL 47% DE SU POBLACION ACTIVA QUE SON FUNCIONARIOS QUE ES EL RECORD ABSOLUTO EN TODA LA UNION EUROPEA E INCLUSO EN TODO EL MUNDO CAPITALISTA OCCIDENTAL SI EXCLUIMOS LOS PAISES DE REGIMEN COMUNISTA O SOCIALISTA LENINISTAA casi nadie se le ha caído una lágrima por el tijeretazo a los funcionarios aprobado por el Gobierno en un país en el que todavía perdura la dura crítica que Larra les hizo ¡hace 177 años! Los demás trabajadores, acuciados por los ajustes, la temporalidad y un paro que golpea a más de cuatro millones y medio de personas, envidian su estabilidad laboral, sus vacaciones de sultán y sus desayunos eternos. También está generalizada la idea de que es un cuerpo vago y sobredimensionado. Pero, ¿están justificadas esas críticas?
Casi el 40% de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad, la mayoría disfruta de los mismos 22 días laborables que cualquiera y los sueldos -de entre 1.200 y 3.000 euros al mes- tampoco son como para volverse locos. En cuanto a que sobran funcionarios, la pregunta más bien sería de dónde, ya que 43 de cada 100 son profesores y sanitarios en un país en el que ambos servicios son universales y gratuitos. Además, en el ranking europeo por volumen de funcionarios España no está en la cabeza, sino a la mitad de la tabla. "No somos privilegiados ni del siglo XIX, somos médicos, enfermeros, bomberos, policías, profesores y personas que te realizan los trámites que necesitas. No estamos dispuestos a pedir perdón por trabajar al servicio del Estado, un puesto que nos hemos ganado tras un proceso de selección libre, transparente y abierto a todo el mundo", se defiende Miguel Borra, secretario nacional de Formación del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. Están a punto de ponerse en huelga contra el recorte de sus sueldos para que, junto a otras medidas, España logre poner coto a su déficit, pero ¿quiénes son?
¿Cuántos son?
En España hay más de 2,5 millones de trabajadores al servicio de la Administración (2.659.010 personas, según el último boletín estadístico de julio de 2009). ¿Eso es mucho, poco o regular? Teniendo en cuenta una población de más de 46 millones, cada funcionario toca a 17 habitantes a los que atender. Sin embargo, la verdadera dimensión de su fuerza laboral se mide, más que por la ratio por habitante, al compararlos con la población activa ocupada -18.394.200 personas según la EPA del primer trimestre de 2010-. El resultado es que uno de cada siete trabajadores con empleo en España está en nómina de alguna de las tres Administraciones públicas (estatal, autonómica o local), el 14,46%. Otro dato revelador que retrata a la economía española es que hay casi tantos funcionarios como empresarios y autónomos -3.130.800, según la EPA, el 17,02%-.
Del total, sólo un 21,9% (583.447) trabaja para la Administración pública estatal (ministerios, Agencia Tributaria, prisiones, justicia, Fuerzas Armadas, policía nacional, Guardia Civil o entidades públicas empresariales...), mientras que el grueso de la mano de obra pública, el 50,6% (1.345.557), cobra de las comunidades autónomas. En la Administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) se encuentra el 23,6% de los trabajadores públicos (627.092) y completan el cuadro las universidades, que dan trabajo al 3,9% de los funcionarios (102.894).
La mayor parte del funcionariado, el 20,7%, trabaja en un ayuntamiento, el clásico oficinista que cobra tributos y tramita documentos, pero el grueso del cuerpo lo conforman profesores y sanitarios. Juntos suman 43 de cada 100 (el 20,3% se dedica a la docencia no universitaria y el 18,5%, al Sistema Nacional de Salud). Los menos son los que emplea Patrimonio Nacional (0,6%, 1.435 trabajadores), seguidos de las fuerzas de seguridad autonómicas (0,9%, 23.826). La administración de justicia, sumando la estatal (0,9%) y la autonómica (1,4%), supone sólo el 2,3%.
¿Y en Europa?
La leyenda negra dice que España es un país de funcionarios pero ¿más que Francia, menos que Alemania, igual que Estonia, el doble que Finlandia? La Presidencia francesa de la Unión Europea realizó en 2008 la comparativa más actual que existe sobre los cuerpos de funcionarios en un informe titulado Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States. Analiza datos de 25 países del continente europeo entre los que no está España. Tomando los mismos datos de España en 2008, cuando había casi 100.000 empleados públicos menos -2.582.846-, ¿en qué lugar del ranking quedamos? En la zona media, exactamente en el puesto 16, al mismo nivel que Italia y Alemania. Italia tenía hace dos años 3.400.000 empleados públicos, el 5,7% de la población, uno por cada 17 habitantes, una cifra muy similar a la española -5,5%, uno por cada 18- y a la alemana -donde había 4.500.000 funcionarios para más de 82 millones de personas, lo que se traduce en un 5,4%, 18 habitantes por cada empleado público-.
El país que lidera la lista es Suecia, donde trabajan para la administración 1.125.000 personas, suponen el 12,3% de la población y tocan apenas a ocho habitantes por funcionario. Le siguen Finlandia, Letonia y Malta, con nueve por cabeza. Bélgica y Francia ocupan los puestos séptimo y octavo, ambos con 12 funcionarios por habitante. Irlanda, Portugal y Países Bajos también ganan a España, los dos primeros con 13 habitantes por cada empleado público y el último, con 16. Con menos funcionarios que España hay 11 países, incluidos Luxemburgo -en el puesto 17, con 21 vecinos por trabajador público-, Reino Unido -en el 19, con 29 por cabeza- y Grecia -el 20º de la clasificación, con un habitante más por funcionario que Reino Unido-. Los tres países de cola son República Checa, donde un funcionario atiende a más de un centenar de habitantes, Rumania, con 127, y Eslovaquia, con hasta 135. La mediana de funcionarios por país está en 5,9%.
¿Trabajo de por vida?
Según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Sólo los de carrera (oposición) son los que comúnmente se entiende por funcionarios. En virtud de un "nombramiento legal", están vinculados a una Administración por una "relación estatutaria regulada por el derecho administrativo" en lugar del laboral como el resto de los mortales y disfrutan por tanto de plaza en propiedad, fija, vitalicia y sin posibilidad de despido -cuidado, en Italia se pone en la calle desde 2009 a los que tengan más de tres faltas sin justificar-. Son 1.596.916.
En la categoría de personal laboral militan 686.951 personas que, en cambio, tienen contratos ordinarios de trabajo (ya sean fijos, indefinidos o temporales) regidos por el Estatuto de los Trabajadores y por convenios colectivos. Aún queda una tercera categoría que, bajo el paraguas de otro personal, engloba al personal eventual - "realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento y con carácter no permanente"- y a los funcionarios interinos - aunque son funcionarios y se rigen también por el derecho administrativo, no tienen plaza a perpetuidad, sino que son nombrados "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia"-, entre otros. Esta situación la sufren 375.143 personas. A ninguno de estos dos grupos se le aplica el principio de "inamovilidad de la condición de funcionario", es decir, que los pueden echar como a todo hijo de vecino, al tiempo que deben cumplir normas como la incompatibilidad y el régimen disciplinario propias del funcionariado.
Conclusión: el 39,9% de los servidores públicos no tiene trabajo de por vida, al tiempo que crece la temporalidad a marchas forzadas. Según UGT, asciende al 8% en la Administración General del Estado, un porcentaje mucho mayor en las autonomías y que llega al 20% en los ayuntamientos. Ya hay entidades locales, como Jerez de la Frontera, que ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo para 550 trabajadores de su personal laboral, el "primer ERE en la Administración" según UGT. El Registro Central de Personal, que en este caso únicamente aporta cifras de los empleados ministeriales, constata que de sus 223.995 trabajadores, 152.150 son funcionarios de carrera, 66.635 personal laboral -con 56.950 fijos, 8.059 temporales y 1.626 fijos discontinuos- y 5.210 otro personal -632 eventuales y 4.401 interinos-. CSI-CSIC apunta a que la mayor parte de los contratados y de los interinos están en la docencia y en la sanidad, en cambio, esta modalidad de empleo público "no existe en la Policía Nacional, por ejemplo".
¿Cuáles son sus condiciones laborales?
Los funcionarios tienen 22 días hábiles de vacaciones, como la gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, a los que se suman días extra por antigüedad y otras particularidades por autonomías, por lo que pueden llegar a los 26. Los más criticados son los docentes, de los que siempre se dice que disfrutan dos meses de vacaciones, a lo que CSI-CSIF responde que "el mismo calendario escolar de la escuela pública rige para la privada y concertada" -por no hablar de que no son dos meses reales, los exámenes finales y de recuperación no se corrigen solos-. Además, los profesores no disponen de "días de asuntos particulares" como el resto de sus compañeros y la gran mayoría de los asalariados.
Su jornada laboral, que de nuevo depende de las distintas administraciones, va según UGT desde las 40 horas de los grupos altos a las 35 de la Seguridad Social con una media de 38 horas, por debajo de Austria (40) pero por encima de Finlandia y Holanda (36 horas), Francia y Portugal (35 horas) e Italia, cuyos empleados públicos son los que menos horas trabajan en Europa, con una jornada de 32,9 horas a la semana.
En 2006 se aprobó el Plan Concilia para la Administración central, impulsado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que establece que la parte flexible de la jornada se amplía a un tercio y que sitúa la hora límite de salida en las seis de la tarde. Los padres tienen 10 días por el nacimiento de un hijo y las madres disponen de una ampliación en cuatro semanas más del permiso de lactancia.
Sobre el sambenito del absentismo laboral tampoco hay datos oficiales, pero CSF-CSIF sostiene que "es similar al de las grandes empresas, no es lo mismo el hospital Miguel Servet que un taller de pintura con cinco empleados". En todo caso, muchas administraciones han instalado "sistemas de fichar dactilares o relojes", hay un "sistema disciplinario que establece faltas leves, graves y sanciones" y muchos trabajos "con relevo, como los bomberos, sanitarios, policías y docentes, en los que el mejor control es el compañero, porque jamás se abandona un puesto hasta que no llega el siguiente".
"La gente tiene que saber que el señor que está en la ventanilla ni organiza el trabajo, ni decide los medios humanos y materiales con los que cuenta, ni tiene la culpa de que los trámites sean complejos, lentos y largos", se defiende Miguel Borra.
¿Cuánto ganan?
Calcular cuánto ganan de media es casi tan complicado como realizar los 12 trabajos de Hércules. Para empezar sólo hay datos de los funcionarios, cuyo salarios está regulado por ley, pero no del personal laboral ni de otro personal. Ni siquiera los sindicatos se arriesgan -"nadie se ha atrevido a sacar medias, es un infierno", reconocen- y las fuentes oficiales remiten al BOE, donde figuran seis grupos salariales según la titulación -de un sueldo base de 1.161 euros el más alto a 548 el más bajo-, a los que se añade un complemento de destino para el que hay hasta 30 niveles y otros complementos. Así, según explica el gabinete técnico de UGT, para calcular las nóminas de los empleados públicos hay que sumar a las retribuciones básicas (sueldo base, más trienios y pagas extra) las complementarias (complemento de destino, de productividad, específico de puesto, entre otros, como la nocturnidad para funcionarios de prisiones y sanitarios). Además, "cada comunidad es autónoma en el pago de sus complementos", explica CSI-CSIF, por lo que, por ejemplo, un profesor de Secundaria gana más en el País Vasco que en Andalucía.
Según estimaciones de este periódico, la inmensa mayoría de los funcionarios tiene un salario mensual de entre 1.200 y 3.000 euros. Apenas hay empleados submileuristas en la función pública, según el Gobierno. UGT matiza que al menos es así en la Administración General del Estado, donde se alcanzó el compromiso de que las categorías más bajas no percibieran menos de mil euros brutos al mes. Por ejemplo, en Aragón el funcionario que más cobra tiene una nómina de 53.589 euros al año -al sumar los complementos a un sueldo base anual de 13.935,6 euros-, frente a los 15.923 euros -de una base anual de 6.581- que se lleva a casa, probablemente de sus padres, el que menos.
¿Dónde trabajan?
La mitad, en las comunidades autónomas. El Estado les ha transferido 1.943 competencias y 821.001 funcionarios desde 1978, según la Estadística de Traspasos del Ministerio de Política Territorial. Cataluña se sitúa a la cabeza con 185 competencias asumidas seguida de Galicia, con 154; Andalucía, 152; Comunidad Valenciana, 131 y Canarias con 120. Por el contrario, las autonomías con menos transferencias son Navarra (69) y La Rioja (75), además de Ceuta (21) y Melilla (24).
Sin embargo, este nivel de competencias no siempre se traduce en número de funcionarios. En cifras totales, la distribución de los funcionarios por regiones es casi un calco de su peso demográfico. Andalucía, con 8.302.923 habitantes (a 1 de enero de 2009, según el INE), concentra a casi medio millón de funcionarios, seguida de Madrid, aunque por población ocupa el tercer lugar tras Cataluña. Madrid tiene casi tantos empleados públicos como Andalucía (427.650) con dos millones de habitantes menos. La razón es que en esta comunidad viven y trabajan gran parte de los empleados de la Administración central (171.870, la cota más alta de largo, ya que es de nuevo Andalucía, con cerca de la mitad, 92.408), lo que se traduce en una proporción de casi 15 habitantes por funcionario frente a la media nacional de 17 y en que uno de cada seis empleados en la capital sea funcionario. A Andalucía y Madrid le siguen Cataluña, con 302.607 funcionarios, y Comunidad Valenciana, con 228.453, cuarta en población y en número de empleados públicos. Por contra, donde menos funcionarios hay es en Ceuta y Melilla (10.038 y 9.586), seguidas de La Rioja, Navarra y Cantabria.
Sin embargo, los números totales engañan (y mucho). En términos generales, en las zonas con mayor tejido productivo, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco, tiene menos peso el empleo público -con la excepción de Madrid-. En Cataluña, que ostenta la ratio más baja, hay casi 25 habitantes por funcionario y sólo uno de cada diez ocupados trabaja en la Administración, a pesar de tener más competencias que nadie y de ser la segunda comunidad más poblada. En las otras tres comunidades, es empleado público uno de cada ocho. En el punto contrario está Extremadura, donde con un millón de habitantes hay un trabajador de la Administración por cada 11 vecinos y uno de cada cuatro trabajadores en activo es empleado público. Le sigue Aragón, donde hay un empleado público por cada 14,5 habitantes y una de cada seis personas con trabajo lo tiene en la Administración. Por no hablar de Ceuta y Melilla. Cada uno toca tan sólo a siete habitantes y una de cada dos personas empleadas trabaja en el servicio público. Se debe a los más de 3.000 militares que hay en cada una de las ciudades autónomas, que suponen un tercio del total de empleados públicos.
¿Hombres o mujeres?
La administración central es hombre, mientras que la autonómica es mujer. En la primera, trabajan 406.489 hombres frente a sólo 176.958 mujeres. Sin embargo, en las autonomías las mujeres doblan a los varones: 886.474 frente a 459.103. Más cerca de la paridad están los ayuntamientos (334.995 hombres y 292.097) y las universidades (59.511 varones frente a 43.383). Cuando vamos al total, la paridad es casi total: 1.260.098 hombres y 1.398.912 mujeres.
Por ocupaciones, los mayores contrastes están, sin sorpresa alguna, en las Fuerzas de Seguridad del Estado (125.976 ellos frente a 9.974 ellas) y las Fuerzas Armadas (111.832 frente a 15.541). Las entidades públicas empresariales son también territorio masculino, 44.338 frente a 12.263, al igual que las prisiones: 16.534 funcionarios y sólo 5.305 funcionarias.
Sin embargo, las mujeres casi doblan a los hombres en la administración de justicia: 14.916 frente a 8.742, pero no son magistradas, jueces y fiscales, sino otro personal (10. 025). Pero donde las mujeres son legión es en docencia no universitaria y Sanidad (368.926 profesoras sumando las administraciones central y autonómica frente a 177.951 profesores y 345.966 sanitarias/146.755 sanitarios).
Los ministerios reproducen también el esquema de una sociedad todavía lejos de la igualdad y en la que la mujer se encarga, sobre todo, de la docencia y la salud. Así, ellos ganan en Defensa (15.197 hombres frente a 12.152 mujeres), Fomento (casi el doble: 4.277/2.426) e Interior (21.355/13.740), mientras que ellas son mayoría en Educación (6.614/2.836) y Sanidad (27.659/18.580). Según CSI-CSIF, en unos años se espera una progresiva "feminización de las administraciones" similar -y por las mismas razones- al que se observa en las universidades.
¿Qué edad tienen?
Mucho más complicado de determinar, ya que el boletín del Registro Central de Personal sólo aporta el desglose por edad de los efectivos al servicio de ministerios, organismo autónomos y áreas vinculadas salvo docencia no universitaria. Para el resto, consultar comunidad por comunidad. "El 75% del personal público está transferido y cada comunidad es un auténtico mundo, algunas publican estadísticas, otras no...", advierte Miguel Borra. Sin embargo, los sindicatos opinan que el dibujo del funcionario de entre 40 y 59 años es perfectamente extrapolable al resto de administraciones. Del total de 216.787 empleados de ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, más de la mitad, 158.485, tiene entre 40 y 59 años. Los menores de 30 suponen apenas 5.729 personas, y los que tienen más de 60 son 20.668.
"Es un cuerpo envejecido porque la oferta pública de empleo es reducida. Viene marcada por la tasa de reposición que se negocia cada año. Para 2010 es del 10%, aunque acordamos un 15% en las negociaciones, lo que quiere decir que de cada 10 que se jubilan sólo se repone uno, salvo Sanidad, Educación, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios sociales". Los sectores más jóvenes de la Administración son, según CSI-CSIF, Sanidad y Educación, debido a que "es donde hay más oferta de empleo".
fuente elpais.com
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